El 13 de junio hará tres meses que Luno aterrizó en España y que fue separado de Andrea y Maria, su familia. El perro, que tiene tres años, está ahora en el CIAMM, Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid, y ahí seguirá varios meses más, previsiblemente, cumpliendo una cuarentena impuesta desde el Ministerio de Agricultura.
Como recordaréis, Luno llegó a España procedente de Costa Rica el pasado 13 de marzo y fue retenido en Barajas cuando se comprobó que no cumplía los requisitos que se exigen para entrar en la UE: no tenía microchip. Esto invalidaba los datos de la cartilla sanitaria, que sí traía consigo, puesto que al no estar asociada a un chip no se podía confirmar esa información.
Andrea explica que antes de emprender el viaje, cuando compró el billete del perro para que fuera con ella en cabina, preguntó varias veces a la línea aérea si tenía todo correcto para viajar a Europa: le aseguraron que así era. Se confió e, incomprensiblemente, contando solamente con un certificado de salud oficial donde constaba la vacunación de Luno, dejaron que embarcara sin comprobar que el can cumpliera todos los requisitos.
Esos dos errores, el de Andrea por no informarse adecuadamente sobre las normas para viajar con un perro a la Unión Europea, y el de la línea aérea que no verificó si un pasajero canino cumplía con la normativa, han desembocado en una pesadilla cuyo fin aún no se atisba.
Porque el control de acceso con perros, gatos o hurones en toda la UE, para evitar la entrada de la rabia, es estricto. España no acepta la entrada de ningún animal de compañía sin vacunar contra esta enfermedad y previamente identificado con un microchip.
La consecuencia de ese incumplimiento es clara: "podría dar lugar a la inmovilización de las mascotas en instalaciones de cuarentena, a su reexpedición al país de origen, o incluso como última opción a su eutanasia, corriendo el propietario con todos los gastos generados."
En Barajas, Andrea se vio inmediatamente superada por la situación. Ella, que de hecho es ciudadana española aunque su nacionalidad de origen sea ecuatoriana, pretendía pasar unos días en España antes de viajar a Francia, donde tenía un trabajo. Pero no podía irse sin Luno, no se le ocurrió contemplar la posibilidad de dejar atrás a su perro.
Como apenas tiene recursos, se quedó en el aeropuerto, durmiendo en la T4, y allí pasó varias semanas intentando solucionar el problema. Y por eso, por quedarse cerca de Lunito, nos cuenta, perdió su trabajo.
Su drama llegó a las redes sociales y así fue como la Asociación AGERAA y PACMA se convirtieron en sus representantes legales para tratar de gestionar la regularización de Luno, algo por lo que también intercedieron desde la Dirección General de Derechos de los Animales, según nos reconocen.
Porque, en todo momento, las decisiones sobre un perro llegado a España sin cumplir los requisitos de entrada exigidos en toda la UE recaen en el Ministerio de Agricultura, en concreto en la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria y la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control de Fronteras.
Mientras se trataba de avanzar hacia una posible resolución del caso, alguien -no está claro quién- le puso el microchip y la vacuna de la rabia a Luno cuando estaba retenido en la zona de carga del Aeropuerto de Barajas. Esto es lo que nos explican desde AGERAA:
"Sabemos que, efectivamente, mientras Luno ya estaba bajo control oficial, fue implantado con microchip y vacuna de la rabia. Desconocemos quién tomó la decisión, pero lo relevante es que la Administración tiene un deber de custodia del animal desde que lo retiene, y por ello, cualquier actuación, de cualquier índole, incluida la sanitaria, se entiende autorizada, al haber estado el animal bajo su custodia. Así se lo hicimos saber al Ministerio de Agricultura en los recursos interpuestos frente a la resolución de expulsión o sacrificio de Luno, que se nos habrían notificado."
Lo sucedido complicó aún más la situación de Luno: al haber sido vacunado, ya no se le podía hacer un test serológico para verificar el nivel de anticuerpos, como exige la normativa para animales que vienen de países de fuera de la UE con riesgo de rabia (que especifica que el test "se debe realizar al menos 30 días después de la vacunación frente a la rabia y la entrada del animal solo estará autorizada pasados 3 meses desde la fecha de extracción de la muestra de sangre.")
Previamente, la línea aérea le había ofrecido a Andrea la posibilidad de viajar gratuitamente con Luno de regreso a Costa Rica para regularizar su situación y poder volver a España con el perro correctamente identificado pero ella lo rechazó: porque no es de Costa Rica, allí no tiene a nadie, solo cogió el vuelo desde este país porque era más económico que desde Nicaragua, donde vivía la pareja de Andrea. También por motivos de salud, no se encontraba en condiciones de hacer de nuevo el viaje. Y finalmente porque, según le habían indicado sus representantes legales, otra de las alternativas que incluye la normativa europea, como explicábamos al comienzo, es la cuarentena, la inmovilización del animal hasta que se pueda regularizar su situación.
Esto es justamente lo que denuncian insistentemente desde AGERAA, que pese a que los reglamentos europeos indican que tiene preferencia la decisión del dueño del animal, a Andrea nunca se le ofreció la opción de la cuarentena para regularizar la situación de Luno.
Desde el Ministerio de Agricultura siempre han insistido en la necesidad de devolver al perro a su país de origen, en realidad al país de origen del vuelo, Costa Rica. Su decisión ha sido inamovible pese a los intentos de las abogadas de Andrea o las miles de firmas recogidas a través de Change.org a modo de presión.
Para intentar evitar esa expulsión, las representantes legales de Andrea presentaron un recurso que un juez admitió a trámite y así fue como se logró paralizar la reexpedición de Luno.
Pocos días después, el 1 de abril, Luno salió por fin del aeropuerto -donde Andrea denuncia que tanto el perro como ella misma han recibido un trato absolutamente negligente por parte de la veterinaria responsable- y fue llevado al CIAMM, el Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid, donde se decidió que debía pasar la cuarentena.
Sergio García Torres, responsable de la Dirección General de Derechos de los Animales, ha aclarado a través de instagram que, al igual que sucedió con dos gatos que llegaron en patera a España, la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control de Fronteras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha elegido aplicar los protocolos más estrictos para el control de la rabia en animales domésticos: una cuarentena de 6 meses, el periodo de incubación de esta enfermedad.
Desde AGERAA y PACMA consideran que esto es un ensañamiento y recalcan que los reglamentos de la UE solamente indican que la retención del animal ha de ser solamente hasta que el animal cumpla los requisitos sanitarios.
El lapso de los seis meses es algo sobre lo que inciden los protocolos internacionales pero, en paralelo, es llamativo comprobar que en la propia web del Ministerio de Agricultura, donde se ofrece toda la información para saber cómo viajar con un animal de compañía indican que el aislamiento previsto es de "hasta tres meses".
El protocolo que se ha adaptado para los animales venidos de Ucrania, país con un elevado riesgo de rabia, es justamente así: tras recordarnos que la normativa de la UE incluye la posibilidad de que los animales llegados desde fuera de la UE queden "aislados bajo supervisión oficial durante el tiempo necesario para que cumplan dichas condiciones y que no sea superior a seis meses", para agilizar la llegada de los refugiados con sus animales de compañía se contempla un aislamiento domiciliario de tres meses (y posterior comprobación de sus niveles de anticuerpos).
Desde la DG de Derechos de los Animales explican que, viendo que no podían lograr que se redujera la cuarentena, trataron que, al menos, en vez de pasarla en algún centro de nivel alto de aislamiento, como sucedió con los mininos, pudiera estar en un centro de protección animal.
Es importante recordar que hay otro elemento clave más que añade incertidumbre al futuro de Luno: su destino depende de lo que decida un juez ya que Asociación AGERAA y PACMA han interpuesto un recurso, admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, apelando a la posible vulneración de los derechos constitucionales de Andrea.
Denuncian el incumplimiento por parte del Ministerio de Agricultura y su Jefa de Área de Sanidad Animal en el Punto de Inspección Fronteriza del Aeropuerto, del Reglamento 576/2013 que establece la opción de la regularización y aislamiento por el tiempo estrictamente necesario hasta que el animal cumpla con los requisitos sanitarios y el incumplimiento de la propia norma de Sanidad Animal del Aeropuerto, que indica claramente que para la opción sobre el destino del animal es preferente la decisión el dueño.
Ahora, aunque en teoría desde el Ministerio de Agricultura podrían modificar las resoluciones por las que exigían la reexpedición de Luno a Costa Rica, aunque en teoría pudieran modificar la situación actual del perro, una vez que se ha judicializado su caso tienen la excusa perfecta para decir que todo queda en manos de la justicia. Que hay que esperar a ver qué decide el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El resultado es que Luno puede estar en el CIAMM "hasta resolución firme judicial", algo que desde AGERAA consideran que también vulnera sus derechos.
¿Y cómo está Luno? Sobre esta pregunta, la más importante en todo este embrollo de pesadilla, hay como mínimo dos respuestas.
La oficial es escueta: desde la Comunidad de Madrid nos indican, textualmente, que el perro, pese a estar en el CIAMM, "no es su responsabilidad". Se trata de una guarda temporal que atiende a las medidas impuestas por la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control de Fronteras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Aún así, sí que confirman que Luno "se encuentra en perfecto estado" y que "ha sido atendido en todo momento conforme a las indicaciones de sus veterinarios".
También nos aclaran que Andrea "tiene permiso para visitar a Luno de lunes a viernes pero el fin de semana, debido a la afluencia de visitantes para realizar adopciones, se le pide que no vaya".
Andrea y María ofrecen un relato diferente. El can, nos cuentan, está mejor que cuando estaba en el aeropuerto, donde incluso se hizo heridas en la cabeza y acabó cojo, pero en su opinión sigue estando regular. "Porque los perros no pueden hablar, pero sí entender, y cuando se separan él aúlla" y lo pasa fatal. No está acostumbrado a estar en un chenil.
Ambas inicialmente se quedaron en Madrid para poder ir a ver a Luno. Se quejan de que solamente les dejaban ver al can una hora al día, a veces un poco más si era cuando llovía y lograban llegar antes.
Pero ya no tenían recursos para estar en esta ciudad por lo que, finalmente, se han ido a Murcia donde Andrea sí tenía posibilidad de trabajar. Siguen en contacto teléfónico con el CIAMM para tener noticias de Luno y ahora que, tras mucho insistir, según explica Andrea, por fin ha logrado que le manden un vídeo de Luno, ello lo sigue viendo ansioso, triste.
"Buscando, buscando, siempre buscando", dice Andrea. Luno no hace más que buscar a su familia.
Ella agradece el apoyo anímico que ha recibido por parte de incontables personas y también reconoce que desde el CIAMM se han ofrecido a ayudarla para que pueda volver a Madrid a ver a Luno pero está bastante angustiada y su pareja con depresión. No saben cómo podrán pagar el coste de la cuarentena de Luno, porque esto es algo que recae en el propietario del animal.
Andrea parece estar igual que su perro, buscando, siempre buscando a su Lunito.
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