La Guardia Civil, en el marco de la operación “Raviches-Severed Ear”, ha investigado a 58 propietarios de rehalas de perros por haber mutilado ilegalmente a 1.111 perros a los que les cortaron las orejas y los rabos en Almería, Granada, Málaga, Jaén, Córdoba y Sevilla.
Un veterinario ha sido detenido por un supuesto delito de falsedad documental y por un delito de maltrato animal: esa persona es quien firmaba las cartillas de los perros para justificar que las mutilaciones eran "por funcionalidad y bajo anestesia",sin siquiera ver a los canes.
Eran los propios cazadores los que, se supone, las llevaban a cabo.
En España está prohibido cortarle las orejas o el rabo a un perro por razones estéticas desde el 1 de febrero de 2018, cuando entró en vigor en la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre protección de animales de compañía. Pese a ello, sigue sucediendo, especialmente en entornos cinegéticos.
La amputación de cualquier miembro o apéndice del animal, aclaran desde la Guardia Civil, debe estar debidamente justificada por motivos de clínica veterinaria y la práctica de tales amputaciones debe quedar reflejada en informe justificativo, que deberá conservarse en historial clínico del animal, debiendo realizarse por un veterinario con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.
Esto es, justamente, lo que han tratado de hacer todos estos cazadores investigados en el marco de la operación “Raviches-Severed Ear” así como el veterinario de Úbeda (Jaén) que ha sido detenido como presunto autor de un delito continuado de falsedad documental y otro relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos por maltrato animal.
El detenido daba cobertura legal a las mutilaciones que realizaban los rehaleros anotando en las cartillas sanitarias de los animales “Corte de orejas y rabo por funcionalidad bajo anestesia”, sin haber visto a ninguno de estos perros y sin aportar el informe que justificara tales mutilaciones.
La investigación comenzó hace un año cuando el Seprona realizó dos inspecciones a una rehala de perros en las localidades granadinas de Picena y Domingo Pérez. Los agentes encontraron a 26 perros con el rabo y las orejas cortadas y en sus cartillas sanitarias aparecía la anotación “corte de orejas y rabo por funcionalidad bajo anestesia”. Estas anotaciones estaban firmadas y selladas por un veterinario de Úbeda sin que apareciera ningún otro documento especificando las causas veterinarias para esas operaciones quirúrgicas.
A su vez otra patrulla del Seprona de la localidad sevillana de Cazalla de Sierra encontró varias rehalas de perros con los mismos cortes de rabo y orejas. En este caso, los agentes sospecharon porque los perros eran cachorros y la fecha de intervención que figuraba en sus cartillas estaba muy alejada en el tiempo, siendo incompatibles las lesiones que presentaban ya que se veían muy recientes.
Las patrullas del Seprona de Granada y de Sevilla decidieron coordinar sus esfuerzos y mientras la patrulla granadina inspeccionó la zona oriental de Andalucía, la sevillana inspeccionó la occidental.
En total se han inspeccionado más de 2.000 perros y se han descubierto 1.111 canes presuntamente mutilados ilegalmente por sus propietarios.
Por ello, se ha investigado a 58 personas como presuntas autoras de los delitos continuados de maltrato animal, de falsedad documental y de intrusismo profesional. De esos 58 investigados, 15 han sido en la provincia de Granada, 18 en la de Jaén, 12 en la de Sevilla, seis en Córdoba, cuatro en Almería y tres en Málaga.
Entre las irregularidades detectadas por el Seprona destacan las incoherencias reflejadas en las cartillas sanitarias, concretamente en las fechas de las intervenciones quirúrgicas de algunos canes, reflejando datos que no correspondían con la realidad. Además, tras inspeccionar la clínica veterinaria, los agentes han constatado que las instalaciones no estaban preparadas para realizar este tipo de intervenciones con unas mínimas garantías.
El delito de maltrato animal con lesiones está castigado con penas de hasta 18 meses de prisión o multa de hasta 12 meses. En todos los casos se establece la pena de inhabilitación para tenencia, profesión, oficio o comercio que tenga que ver con los animales.
Además, hay circunstancias agravantes que podrían elevar la pena por encima de los dos años y provocar la entrada en prisión del que lo cometa.
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