Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona, han detenido a 13 personas y rescatado más de 400 animales de compañía en la primera operación conjunta de los cuatro cuerpos policiales.
Se trata de uno de los principales operativos desarrollados a nivel nacional contra el maltrato animal, el intrusismo laboral, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Una operación de la que ya compartimos algunos detalles cuando se produjo hace unas semanas pero de la que ahora sabemos mucho más gracias a la información que han compartido hoy.
Os recomendamos leer el texto en el que se desgrana todo el operativo con calma porque permite entender cómo funciona el comercio ilegal de cachorros y el dineral que genera: un negocio que solo es posible porque sigue habiendo demasiadas personas que eligen comprar perros (en vez de adoptar) y lo hacen sin informarse previamente sobre cómo hacerlo de manera responsable, visitando al criador y cerciorándose de las condiciones en las que está la madre de la camada.
Hay que tener en cuenta que esta operación ¡comenzó en 2020! Llevan más de tres años investigando un complejo entramado, una red de comercio ilegal que conectaba Madrid, Barcelona, Andorra y países del Este de Europa, lugar de origen de algunos de estos animales.
Los detenidos generaban grandes cantidades de dinero utilizadas, principalmente, para generar un patrimonio en España, Andorra y Dubái que ocultaban a nombre de personas interpuestas
La colaboración de los ayuntamientos afectados, de los Colegios de Veterinarios de Cataluña y Madrid, el Área de Protección Animal de la Comunidad de Madrid, de la Oficina de Protección de Animales de Barcelona, así como de diferentes asociaciones y protectoras tanto en Madrid como en Cataluña, ha resultado fundamental para la acogida, custodia, cuarentena y mantenimiento de los animales rescatados.
La investigación se inició a finales del año 2020 a raíz de varias denuncias -realizadas en la Oficina de Protección de los Animales el Ayuntamiento de Barcelona- por presuntas irregularidades relacionadas con las condiciones de salud de los animalesque se vendían en un establecimiento ubicado en el centro de la ciudad.
Esto motivó la práctica de inspecciones administrativas en dicho establecimiento, por parte de técnicos del Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana, localizando 33 perros enfermos.
En ese momento, los investigadores pudieron comprobar el evidente maltrato animal y la falta de cuidados que, además, estaba provocando la muerte de algunos de ellos. También pudieron constatar que sus cartillas sanitarias y pasaportes de viaje presentaban anomalías evidentes, así como su transporte, el trato que se les proporcionaba en destino y su comercialización, detectando la presunta comisión de los delitos de maltrato animal, usurpación de funciones, falsedad documental y estafa.
Entonces, al investigar a las personas que estaban detrás de esta actividad, los agentes observaron una clara división de tareas y un funcionamiento en red compatible con una estructura comercial mucho mayor: disponían de más comercios asociados que parecían funcionar de la misma forma y, al mismo tiempo, comercializaban animales a través de una página web.
Con el avance de las pesquisas, se comprobó que la Guardia Civil había hecho varias intervenciones y controles a transportes de animales relacionados con esta red criminal. Asimismo, la Policía Nacional estaba llevando a cabo una investigación relacionada directamente con los hechos investigados en Barcelona.
Fue a partir de este momento cuando se creó, por primera vez, un equipo conjunto de investigación de los cuatro cuerpos policiales liderado por el Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona y la Fiscalía Provincial especializada en medio ambiente que comprobó que estas actuaciones ilícitas se estaban llevando a cabo en diferentes establecimientos ubicados en Madrid, Cataluña y Andorra.
Tras varias gestiones policiales, los agentes detectaron que la organización se valía de varios métodos para adquirir los animales. O bien mediante la importación desde países de Europa del Este o dedicándose a la cría en centros ilegales administrados por los propios investigados, o bien a través de la compra ilegal por redes sociales.
El transporte de los animales se realizaba normalmente por carretera, en vehículos con espacio reducido y deficiente ventilación y en trayectos largos -en ocasiones más de 2.000 kilómetros, que sería el equivalente a más de 20 horas de desplazamiento-. A esto hay que sumarle también la falta de luz y de cuidados higiénico-sanitarios, así como la ausencia de empapadores o serrín suficiente para absorber las necesidades fisiológicas de los animales.
Las deficientes condiciones, tanto en el transporte como en el manejo de los cachorros, propiciaban el desarrollo de enfermedades infectocontagiosas en alguno de los animales, lo que provocaba el contagio de éstas entre el resto de animales transportados.
Posteriormente, las pésimas condiciones de los establecimientos de venta agravaban la situación produciendo el contagio del resto de animales que se encontraban en las tiendas. A causa de esto, los índices de morbilidad y mortalidad en estos establecimientos eran muy elevados.
Todos los animales disponibles se destinaban a la venta, independientemente de que estuvieran sanos, enfermos o incubando enfermedades infectocontagiosas. Esto provocaba, en muchas ocasiones, que al poco tiempo de la venta el animal manifestara o desarrollara la enfermedad.
Existía, de forma integrada en la organización criminal, una veterinaria que facilitaba sus conocimientos y su firma para dar una imagen de fiabilidad suficiente con la que poder garantizar que los animales se vendían en buenas condiciones. Ésta asesoraba al resto de componentes de la organización sobre cómo ocultar o disimular registros y/u otros aspectos técnicos en los controles y/o inspecciones de las administraciones competentes.
Las clínicas que estaban bajo el control de los investigados, con la intencionalidad de engañar a los clientes y a las administraciones públicas, cometían de forma habitual y continuada infracciones relacionadas con la gestión de la documentación asociada a los animales. De esta forma, camuflaban el verdadero origen de las enfermedades y dolencias desarrolladas cuando los cachorros ya estaban bajo la custodia de los compradores.
En los centros de cría también se detectaron irregularidades relativas al trato y manipulación de los animales progenitores, especialmente en las hembras, cuya única función era la de parir en cada periodo de celo para obtener el máximo rendimiento de crías, independientemente de las consecuencias para su salud o la de los propios cachorros.
Finalmente, el pasado 20 de setiembre los agentes explotaron la operación con la práctica de 12 entradas y registros y el arresto de 13 personas. Asimismo, se rescataron más de 400 animales, principalmente cachorros de perros y gatos de razas de alta cotización en el mercado actual.
En el dispositivo fue fundamental la colaboración de distintas asociaciones y entidades protectoras de animales, incluidas las contratadas por los diferentes ayuntamientos donde se han realizado las intervenciones: la del “Consell de Col•legis Veterinaris de Catalunya”; Oficina de Protección de Animales de Barcelona; Oficina de Tenencia Responsable y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Mataró; Área de Protección Animal de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid; Dirección General de Derechos de los Animales, y la de los servicios veterinarios tanto de la Unidad Técnica de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UT-UCOMA) de la Jefatura del SEPRONA como de la Policía Nacional.
Estas entidades han facilitado la participación de veterinarios y veterinarias especializados tanto en clínica como en bienestar animal que han trabajado arduamente para inspeccionar los locales, hacer una criba principal sobre sintomatología de los animales, así como realizar la clasificación de los mismos y el aislamiento para la necesaria cuarentena.
La colaboración de los centros de acogida, en coordinación con los respectivos ayuntamientos afectados, también ha resultado un eslabón clave para realizar los correspondientes cuidados y atenciones veterinarias e iniciar las cuarentenas en su caso, así como la colaboración técnica del “Servei de Fauna i Flora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural” para la identificación de los animales exóticos localizados.
Merced a la colaboración de INTERPOL y el Agregado de Interior de Andorra en coordinación con la Batllia, el Consell Superior de la Justícia d’Andorra y Policía Andorrana. Además, se ha realizado una entrada y registro en una de las tiendas que la organización controlaba en aquel país, que servía de tránsito para algunos de los cachorros importados desde Europa del Este. Por otra parte, también se han bloqueado propiedades en territorio nacional e internacional, así como productos bancarios que los líderes de la organización habían adquirido gracias a los beneficios del tráfico ilegal de animales.
Una noticia muy importante que, esperemos, llegue a todos los informativos y medios nacionales y que sirva para concienciar a aquellas personas que aún hoy en día siguen contemplando la posibilidad de comprar perros en tiendas -algo que será imposible pronto gracias a la Ley de Bienestar Animal.
En cuanto haya información oficial sobre posibles adopciones de estos perros, os informaremos pero entre tanto, si te estás planteando ampliar la familia, en TODAS las protectoras hay perros de todas las edades y tamaños deseando tener una buena familia.
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